España ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. La firma de este Protocolo es el reflejo del compromiso que adquirió el PSOE con la ciudadanía en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones generales. En él se aúnan dos objetivos prioritarios e irrenunciables de la política exterior del Gobierno: la promoción y defensa de los derechos humanos y la apuesta por el multilateralismo eficaz.

España apoya firmemente los esfuerzos de la comunidad internacional para dotarse de un marco jurídico sólido, que asegure la protección de los derechos humanos. En su consecución, el multilateralismo desempeña un papel fundamental. Así, por un lado, España ha suscrito prácticamente todos los convenios internacionales -universales y regionales- que regulan la promoción y protección de los derechos humanos. Y por otro, ha contribuido activamente al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, que marca un nuevo hito en el fortalecimiento de la protección universal de los derechos humanos, en el seno de Naciones Unidas.

La ratificación del Protocolo Facultativo sitúa a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra la tortura, pues se trata del más avanzado instrumento jurídico universal de protección de los derechos humanos. En él se incorporan dos novedades fundamentales, basadas en los principios de transparencia, prevención y plena colaboración con los organismos internacionales. Introduce un sistema irrestricto de visitas a cualquiera de las instituciones penitenciarias o centros de detención de los Estados que suscriban el Protocolo.

La eficacia de este sistema de visitas ha sido puesta de manifiesto por la Convención Europea para la Prevención de la tortura, de la que también formamos parte. Este marco jurídico obliga a los Estados a crear o mantener los denominados “mecanismos nacionales de prevención”, que deben evitar toda práctica cruel o degradante.

El Protocolo entrará en vigor cuando se deposite el vigésimo instrumento de ratificación, algo que se producirá probablemente a lo largo del presente año. El Gobierno de España ha creado un frente común para erradicar la tortura y cualquier forma de trato inhumano, cruel o degradante, que cercene la dignidad humana. Nuestro país forma parte, desde hoy mismo, del pequeño grupo de países firmantes que hará posible la entrada en vigor de este Protocolo.

Para su ratificación, el Gobierno ha contado con el estímulo y la complicidad de la sociedad española, con la que mantenemos un diálogo permanente. En este sentido, es justo mencionar la labor de las ONGs que, con su defensa de este Instrumento jurídico, han contribuido decisivamente a su entrada en vigor.

La ratificación por parte española es un avance importante hacia la plena vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes, aunque su entrada en vigor supone un paso firme y sin precedentes para iniciar el camino hacia la erradicación definitiva de la tortura.

Creo que nos podemos sentir orgullosos de estar entre los primeros países en ratificar este Protocolo y, desde el convencimiento, animamos a suscribirlo a todos los Estados que integran la comunidad internacional.

La respuesta a la tiranía del miedo y a las prácticas inhumanas y degradantes es la primacía de la Ley y del Derecho internacionales, que debe acompañarse de garantías de cumplimiento y mantenimiento de estas medidas; porque el respeto a la dignidad humana es la garantía para construir un mundo más seguro y más cierto.